-----------------------------f- LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ALEMANIA NACIONALSOCIALISTA. ~ DOCTRINA NACIONALSOCIALISTA

Difusión y estudio del Nacionalsocialismo. Formación doctrinaria de los simpatizantes.

lunes, 29 de mayo de 2017

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ALEMANIA NACIONALSOCIALISTA.


DR. FRANZ GÜRTNER
Ministro de Justicia del Reich.

Se dice a veces, incluso por  críticos que intentan generalmente ser objetivos en sus juicios, que el Nacionalsocialismo ha abolido la ley en Alemania y la ha substituido por la arbitrariedad. Los que sostienen esa opinión deben ser completamente ignorantes de los principios mantenidos por el Nacionalsocialismo y de las condiciones realmente existentes en Alemania. El nuevo Estado alemán se basa en el axioma de que el derecho es uno de los pilares fundamentales que sustentan la solidaridad de la nación y la estructura política que la representa. Más que eso, una concepción del derecho profundamente arraigada en la vida de la nación y reconocida como obligatoria por cada ciudadano es el fundamento de toda la civilización del país.

UNA NUEVA POSICIÓN EN CUANTO A LOS DERECHOS SUBJETIVOS.

Al ver que la ley y la justicia son la raíz de todas las actividades llevadas a cabo en la nueva Alemania, se deduce que el Estado nacionalsocialista es un Estado constitucional en el mejor sentido del término. Sin embargo, este término no debe interpretarse de acuerdo con la doctrina que exige que los intereses del individuo sean considerados como el objeto principal de toda legislación y que debe establecerse un sistema integral de controles para proteger al individuo contra un exceso de interferencia por parte del Estado. Esta doctrina ya no se mantiene en Alemania[1]. El nacionalsocialismo ve a la comunidad de la nación como una organización que tiene sus propios derechos y deberes y cuyos intereses pasan antes que los del individuo. Cuando hablamos de la nación, no nos limitamos a la generación a la que pertenecemos, sino que extendemos ese término para comprender la suma total de las generaciones que nos han precedido y las que nos sucederán. Este punto de vista ha encontrado expresión en la doctrina nacionalsocialista afirmando que "las necesidades del Estado tienen prioridad sobre las del individuo". Esta afirmación domina la política nacionalsocialista y su corolario natural es que los derechos del individuo deben estar subordinados a los de la comunidad. La protección de que gozan los individuos no se basa en la suposición de que sus derechos particulares son sacrosantos e inviolables, sino más bien en el hecho de que todos ellos son considerados miembros valiosos de la comunidad nacional y por lo tanto merecen protección. Por lo tanto, la razón por la cual el Estado Nacional Socialista puede justamente pretender ser llamado un Estado constitucional es que sus leyes están destinadas a promover los intereses de la comunidad que,  en virtud de la confianza que forma un vínculo de conexión entre los gobernantes y el ciudadano puede estar seguro de que se cumplirá su derecho a la justicia y que todo aquel que cumpla fielmente sus deberes con la comunidad puede esperar recibir igual lealtad de los órganos del Estado. El desarrollo político y económico de los últimos cuatro años ha mostrado convincentemente que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar una base segura de existencia para todos. En todas partes, los desechos se convierten en suelo productivo. Millones de ciudadanos que han sido perseguidos por el espectro del desempleo durante meses e incluso años, han recibido trabajo. El gobierno nacionalsocialista realiza esfuerzos incesantes para fortalecer las fuerzas de defensa del país y así proteger la vida y el trabajo de todos los ciudadanos.

Las ideas nacionalsocialistas sobre la justicia difieren fundamentalmente de las que prevalecían bajo el régimen anterior. Su traducción a la práctica es una tarea ardua, porque implica una doble necesidad. En primer lugar, debe aprobarse una gran cantidad de nueva legislación. En segundo lugar, las personas que han de administrar justicia de conformidad con el nuevo espíritu tienen que ser educados para su trabajo. Mucho se ha hecho en ambos aspectos, pero aún queda mucho por hacer. Sin embargo, los logros de los últimos tres años indican suficientemente la línea que se ha seguido.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA UNIFICADA.

Una apreciación correcta de los cambios ya efectuados sería imposible si ignoráramos un acontecimiento de importancia verdaderamente histórica. Me refiero a la unificación del derecho alemán y de la jurisprudencia alemana[2]. Durante siglos, no había tal cosa como una ley alemana uniforme. Cada Estado federal tenía su propio sistema jurídico, sus propios tribunales y sus propias autoridades legales. Aunque un aspecto exterior de la unidad había sido gradualmente establecido, en una medida limitada, por ciertos actos de la legislación nacional, el derecho seguía siendo administrado en nombre de los Estados individuales y no en el del Reich. Durante muchos años, ese estado de cosas había sido motivo de gran pesar por parte de muchos alemanes, pero un cambio radical resultó impracticable porque cada Estado guardaba celosamente sus derechos y privilegios especiales. El Nacionalsocialismo, entre muchos otros asuntos, representa un Reich unificado y un sistema jurídico uniforme. No permite que los privilegios obsoletos obstruyan el camino al progreso y, por lo tanto, los ha abolido con valentía. Todos los Estados han sido subordinados a la autoridad superior del Reich. De esta manera, se han eliminado los sistemas judiciales separados, y todos los tribunales alemanes ahora administran la justicia en nombre del Reich. La importancia práctica de este gran cambio, cuya inauguración data del 2 de abril de 1935, no puede ser sobrestimada. La administración de justicia y la promulgación de nuevas leyes están ahora investidas en una sola mano, a saber, en la del Ministro de Justicia del Reich. La experiencia adquirida por los tribunales en el curso de su trabajo cotidiano puede ahora ser directamente accesible a las autoridades superiores y, por lo tanto, puede utilizarse para fines legislativos. Por otra parte, la organización uniforme de todas las autoridades jurídicas de todo el país permite conocer todas las intenciones del legislador sin recurrir a métodos rotundos. Para el público en general, el antiguo sistema era una fuente de interminables vejaciones y dificultades debido a su gran diversidad, pero hoy todas estas dificultades han desaparecido. De hecho, no es exagerado cuando decimos que al unificar la administración de justicia en todo el país, se ha cumplido un anhelo centenario del pueblo alemán.

Huelga decir que la situación jurídica de los jueces no se ha visto afectada en modo alguno por este gran cambio. En su discurso al Reichstag el 23 de marzo de 1933, el Líder y Canciller afirmaron solemnemente su condición de independientes e inamovibles y declaraciones similares se han hecho repetidamente desde entonces. Esta independencia ha sido siempre parte integrante del pensamiento y sentimiento alemán y está inseparablemente conectada con nuestras opiniones sobre un Estado constitucional. En la Alemania Nacional Socialista, el cargo de juez está fuera del dominio de la autoridad ejercida por el Estado y, por lo tanto, es distinto de todos los demás cargos del Gobierno. Sin embargo, esto no altera el hecho de que el ejercicio de las funciones judiciales está experimentando un cambio. A diferencia del common law de Inglaterra, el derecho alemán es - en su mayor parte - una forma de ley "escrita". El juez está obligado a tomar su decisión por referencia al párrafo particular del código que trata el caso ante él. En el pasado, esta necesidad a menudo tenía como resultado que las sentencias dadas - aunque se ajustaran a la letra de la ley - no prestaran suficiente atención a los hechos de la vida real. El Estado Nacional Socialista no tiene la intención de absolver a los jueces de la necesidad mencionada, pero espera de ellos que interpreten la redacción de la ley de acuerdo con los principios subyacentes y que apliquen estos principios de tal manera que se haga Justicia con las necesidades vitales del pueblo alemán. Para que el juez pueda satisfacer esta exigencia, debe estar estrechamente y permanentemente asociado con el espíritu que impregna la nueva Alemania[3] y de la cual él debe ser la encarnación viviente. Sólo entonces estará en condiciones de dar voz a la fe de toda la nación en la supremacía de la ley. Esto, al menos, es nuestro ideal de lo que un juez debe ser. Es el objetivo que tenemos ante nosotros respecto a la formación de jóvenes abogados para el cargo de juez[4]. En consecuencia, hemos reorganizado esa formación con la confianza de que no sólo proporcionará a los estudiantes de derecho el conocimiento profesional necesario, sino que también los familiarizará con los fundamentos de la vida racial de la nación, para que puedan ejercer su alto oficio en el sentido indicado .

LOS ABOGADOS.

Otro factor importante en relación con la administración de justicia en el Estado Nacional Socialista es el abogado. Esperamos de él que considere como su deber no sólo representar los intereses personales de sus clientes, sino también los de toda la nación, de modo que la verdadera justicia pueda ser reivindicada. Los abogados alemanes han cumplido esta expectativa, y han ganado la confianza de la nación y sus tribunales en una medida que antes no siempre existía. La influencia subterránea de asesores no cualificados en asuntos legales ha sido en gran medida controlada por el Gobierno Nacional Socialista[5]. Nadie está autorizado a prestar asesoramiento jurídico a título profesional a menos que esté en posesión de una licencia del Gobierno. Dicha licencia sólo puede ser obtenida por quienes cuenten con las calificaciones necesarias establecidas por la ley.

LA SITUACIÓN DEL DERECHO PENAL.

El derecho penal y los métodos de procedimiento penal han sufrido cambios muy considerables en comparación con las condiciones existentes antes de 1933.

Durante el período de posguerra se había hecho cada vez más habitual prestar atención excesiva a la personalidad del criminal, descubrir circunstancias atenuantes que explicaran su acción e ignorar los intereses de la comunidad y de los heridos. Por consiguiente, en algunas partes del país se había producido un estado de cosas en el que la imposición de las penas estándar prescritas por la ley era casi una excepción, mientras que la aplicación de circunstancias atenuantes o incluso el perdón gratuito se convirtió casi en la regla[6]. En las cárceles y en las penitenciarias también prevalecía la excesiva dulzura y la vida de los prisioneros se hacía demasiado cómoda. El constante aumento de las condenas antes de 1933 demuestra que este sistema no tiende a aumentar la eficacia de la lucha contra la prevalencia de la delincuencia. El conocimiento de estas condiciones es necesario si queremos apreciar adecuadamente la labor realizada por el Nacionalsocialismo.

El Gobierno desea dar una protección efectiva a la comunidad así como al individuo contra las actividades del elemento criminal y ha tomado las medidas adecuadas para asegurar que se preste la máxima atención a los intereses de la comunidad cuando las penas a infligir sean fijadas. Se considera improbable que cualquier sistema educativo produzca resultados satisfactorios en lo que respecta a los delincuentes adultos[7], por lo que las sentencias pronunciadas se hacen suficientemente pesadas para disuadir a los delincuentes de cometer nuevos delitos. Además, se debe reparar debidamente el daño moral causado a la comunidad por cada acto de delito. Bajo el sistema actual de ejecución de las sentencias, la influencia disuasiva del castigo recibe una vez más el reconocimiento que merece. Como nuestro objetivo es ofrecer la mayor medida posible de protección a la comunidad, hemos creado facilidades especiales para el juez que le permitirán infligir penas adicionales a aquellos criminales que puedan considerarse razonablemente peligrosos para la comunidad. El juez está ahora en condiciones de ordenar que los delincuentes habituales se mantengan bajo custodia después de haber cumplido su condena. Las personas que regularmente abusan de su oficio o profesión para cometer crímenes pueden ser privadas del derecho a ejercer ese oficio o profesión. Finalmente, las personas que han demostrado ser delincuentes habituales contra la moral pueden ser esterilizadas por orden del juez.

Los métodos de procedimiento penal se han acelerado tanto como ha sido posible. También se han tomado medidas para que sea difícil o imposible para el acusado prolongar el curso del procedimiento con el fin de aumentar la dificultad de determinar la verdad. Sin embargo, no se han impuesto restricciones al derecho del acusado a ser representado por un abogado. Gracias a estas medidas hemos encontrado que es posible en muchos casos, por ejemplo, delitos contra las normas de tránsito, actos de violencia, etc., hacer que el castigo siga al crimen sin el menor retraso evitable. No necesito señalar que este sistema ha realzado materialmente el respeto a la ley  para quienes la administran y que ha aumentado el sentimiento general de seguridad.

El proceso de transformación por el cual el pueblo alemán está pasando en la coyuntura actual es de significado histórico. Es natural que cualquier intento de obstruir ese proceso merece una atención especial. Por lo tanto, se han creado tribunales especiales para tratarlos. Estos, sin embargo, no tienen poderes excepcionales que se les confieran, sino que son tribunales ordinarios como todos los demás establecidos por nuestra ley. La alta traición y otros delitos similares se presentan ante el Tribunal Popular, que es uno de los tribunales superiores del país. Se compone de jueces laicos profesionales y experimentados, que tienen los mismos poderes judiciales que sus colegas profesionales. Como todos los demás tribunales alemanes, el Tribunal Popular y los jueces que la componen son de estatuto independiente. El procedimiento que se aplica es el mismo que el aplicado a todos los demás casos penales y el acusado tiene derecho a hacer uso de todas las posibilidades ordinariamente disponibles para su defensa.

En cuanto a su aspecto material, también, el derecho penal ha sufrido una serie de modificaciones importantes durante los últimos tres años, pero el espacio prohíbe su descripción en detalle. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre una cláusula añadida al Código Penal por la Ley aprobada el 28 de junio de 1935, ya que es de especial importancia. Suprime la máxima según la cual ningún delito puede ser castigado a menos que sea específicamente mencionado en el código existente, y permite al juez infligir castigo por actos que - aunque no así específicamente mencionados - son de tal naturaleza que exigen castigo en la persecución del tenor general de la ley y de acuerdo con el sano sentimiento nacional[8]. Así, la ley "escrita" ha dejado de ser la única fuente de nuestro conocimiento del bien y del mal, aunque seguirá siendo la fuente principal. El legislador se dio cuenta de la imposibilidad de hacer a las disposiciones de la ley "escrita" tan completa como para cubrir todas las condiciones realmente encontradas, y así adoptó un principio con el cual el pueblo británico ha sido familiar desde tiempos inmemoriales, ya que sólo una pequeña parte de la ley inglesa está "escrito". De lejos, la mayor parte de ella se deriva del uso antiguo y se conoce como "ley común". En nuestro país, la cuestión del derecho o del error solía ser decidida exclusivamente de conformidad con el texto de la ley. Pero este punto de vista formal ha sido reemplazado ahora por el material, según el cual cualquier acto que perjudique los intereses de la comunidad o que esté en conflicto con ellos es susceptible de castigo. Creemos que el respeto a la ley se hará tanto mayor cuanto más absolvamos al juez de la necesidad de tomar la letra de la ley para su guía y cuanto más le permitamos basar sus decisiones en su espíritu vivo.

RESPECTO AL DERECHO CIVIL.

Sólo puedo hacer una breve referencia a las innovaciones incorporadas en nuestro derecho civil y al procedimiento a seguir en los casos civiles. Aunque no se pueden registrar hasta ahora cambios fundamentales en estos dominios, ya se han eliminado de ellos algunos defectos.

Así, el Estado nacionalsocialista se ha asegurado de que se eviten todos los retrasos innecesarios y que las reclamaciones de las partes se resuelvan con la mayor celeridad posible. Se han suprimido ciertas formalidades obsoletas en relación con la juramentación de los litigantes y se ha introducido un sistema más elástico, no muy diferente del método utilizado en Inglaterra. También se ha prestado especial atención a las ventas forzadas (remates judiciales). La evolución económica hizo necesario imponer restricciones a la aplicación rigurosa de las normas que regulan esas ventas siempre que arruinen la existencia económica del deudor y perjudiquen los intereses de la comunidad[9]. En todos los casos, sin embargo, se realizan esfuerzos para llegar a un ajuste justo de los intereses en conflicto de acreedores y deudores.

Entre las numerosas leyes promulgadas durante los últimos tres años en los ámbitos de la legislación civil y económica, hay algunas que merecen una mención especial.
  • Por lo tanto, los derechos que los propietarios individuales de bienes inmuebles pueden tener con respecto a los bienes adyacentes, han sufrido una cierta restricción en favor de las instituciones que son de particular importancia para la comunidad.
  • En cuanto a la legislación sobre patentes, se ha ampliado la protección concedida al inventor y se ha reconocido especialmente su honor profesional. Por otra parte, sus derechos pueden ser restringidos (contra pago de indemnización) siempre que esto sea necesario para el bien público.
  • Las licencias de matrimonio pueden ser rechazadas cuando es evidente que las partes no tienen ninguna intención real de contraer matrimonio de la manera habitual, sino simplemente desean obtener alguna ventaja externa que pueda derivarse del matrimonio.
  • La adopción está prohibida siempre que se trate simplemente de servir a algún propósito trivial, por ejemplo, el derecho a un nombre sonoro, etc.

CONCLUSIÓN.

A modo de conclusión, quisiera mencionar dos casos que ilustran con acierto la responsabilidad que la ley considera debe a la nueva Alemania. Así, se ha elaborado una forma estándar de contrato de arrendamiento, con la colaboración del Ministerio de Justicia, por las organizaciones que representan a los propietarios e inquilinos, respectivamente. Sus términos incluyen un ajuste justo de los intereses de ambas partes y no son meramente tales que sirvan exclusivamente a los del partido económicamente más fuerte.

La otra instancia se refiere a un arreglo que llamamos "Guía Legal para el Pueblo". Los que administran la ley no sólo están ansiosos por reparar el daño causado por romperlo, sino también para evitar que se rompa en absoluto, siempre que esto sea posible . Con ese fin, la experiencia adquirida por los tribunales día a día se recoge y se pone a disposición de todo el pueblo.

El relato anterior muestra que, en la administración de la ley como en otros asuntos, el Gobierno Nacional Socialista está decidido a proteger el desarrollo pacífico de la nación alemana y a promoverla en la medida de sus posibilidades.


[1] N. de R.: La posición que adoptó el nacionalsocialismo desde el punto de vista de la Teoría General del Derecho fue negar la validez de los derechos subjetivos no en cuanto a su existencia o como facultad para exigir aquello que la norma reconoce a favor de un sujeto, sino como base del ordenamiento jurídico, basado en un supuesto “consenso” que le conferiría legitimidad. Siguiendo fundamentalmente a J.G.F. Hegel, se parte de la base de que los miembros de una comunidad  no pueden fundar su posibilidad ni la legitimidad de sus instituciones en algún tipo de "consenso", dado que dicha comunidad preexiste a sus miembros, está ya ahí constituida en sus instituciones y cada persona encuentra su Status de tal en su seno merced a su integración a las mismas. Por lo tanto, el individualismo subyacente en la teoría de los derechos subjetivos, fue suplantado por el comunistarismo que surge de la teoría del derecho objetivo. En realidad no hay un antagonismo entre derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo debe ser socialmente justo y en cuanto es justo, debe reconocer a las personas la posibilidad de obrar en vista de sus propios fines. Esto no fue discutido por el Nacionalsocialismo, sino que simplemente se puso como condición previa que esos fines no pueden ir contra el bien común y además de no ir contra el mismo, deben siempre estar supeditados a ese bien común. Esa es la diferencia con un derecho liberal que hace tabla rasa con el bien común, aludiendo al mismo como un simple “interés general”, que carece del significado y trascendencia comunitaria que el Nacionalsocialismo considera necesarios.
[2] N. del R.:  Esto que para españoles y americanos hispanos parece tan raro, ya que heredamos el espíritu unificador de la monarquía española en cuanto a leyes y ordenanzas, era algo común en el resto de Europa. La Revolución Francesa y fundamentalmente el Codigo Civil napoleónico impusieron un mismo sistema legal en una Francia que tenía distintos ordenamientos legales en cada una de sus regiones, e incluso a veces en cada uno de sus municipios. Si bien esto es defendido como un derecho popular arraigado a las costumbres locales, no se puede negar que es fuente de inseguridad jurídica y también de graves inequidades. Napoleón llevó su Código Civil a todos los lugares de Europa que cayeron bajo su mando. El Nacionalsocialismo no era un partido que defendiera una organización federal del Reich, sino que por el contrario proclamaba la unidad del poder político estatal. Por tanto es lógico que haya unificado legislaciones y procedimientos legales.
[3] N. del R.: No debemos perder de vista que Alemania entre 1933 y 1939, estaba en un proceso revolucionario, aunque esa revolución no se viera en las calles al “estilo” soviético o francés. El pueblo alemán decidió democráticamente otorgarle todo el poder a Adolf Hitler para realizar esa revolución y la misma estaba en curso. Uno de los rasgos de toda revolución triunfante, y la nacionalsocialista lo fue, es que “crea derecho”. Desde este punto de vista entonces, el Estado revolucionario nacionalsocialista tenía no sólo el derecho sino el deber de pedirle a los jueces que dictaran justicia de acuerdo al nuevo orden instaurado por la Revolución. Esto sucedió en la Revolución Burguesa de 1688 en Inglaterra, sucedión en la Revolución Americana, sucedió con mucha sangre en la Francesa de 1789 y sucedió simplemente eliminando a los jueces y sustituyéndolos por comisarios políticos, en la soviética de 1918. La revolución nacionalsocialista, no solo fue menos incruenta, sino que fue sin duda mucho más respetuosa de los derechos individuales que cualquiera de las anteriormente nombradas. Si no llegó a consolidarse, fue por circunstancias externas, nada menos que una guerra mundial en su contra, lo que impidió que se viera el final de este proceso.
[4] Esta frase confirma lo afirmado en la nota anterior. Es el propio Estado Nacionalsocialista es que asume la tarea de formar a los jueces en los nuevos valores revolucionarios que impregnarán el derecho y la administracion de justicia.
[5] N. del R.: No podemos dejar de comparar el ejercicio de la profesión de abogado que se pretende en la Alemania Nacionalsocialista, con lo que es el ejercicio en países como EEUU donde el abogado deja de ser un instrumento de la Justicia para transformarse en un competidor por librar a su cliente del justo castigo si fuera merecedor de él. Abogados judíos como Alan  Dershowitz, Robert Shapiro o Barry Scheck han transformado la posición del abogado en una mercenaria actividad de “sacapresos”, reñida con lo que ha sido la defensa legal en toda la tradición europea desde Grecia en adelante.
[6] Se trata de teoría disolventes y dañinas para la comunidad, que intentan explicar el delito y la delincuencia desde la base rousoniana de que “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”. Estas teorías anulan la responsabilidad personal por las acciones propias y la desvían hacia una hipotética “responsabilidad social fruto de la inequidad y la injusticia reinante”. De esta forma, en una interpretación extrema, se llega a que el criminal es una víctima y la víctima es el verdadero culpable. Teorías como la de “la subcultura criminal” llevan a estos extremos.
[7] El sentido común de esta posición no admite discusión. Hoy la hipocresía liberal habla de re educación y re inserción – sobre todo en los países hispanoamericanos – que debe realizarse en las cárceles. Vasta ver cualquiera de ellas y darse cuenta el inmenso fracaso que esta teoría conlleva. La pérdida de la disciplina, del concepto de que a la cárcel “se va a cumplir”, han llevado a transformar las cárceles en verdaderos submundos donde el criminal novel se profesionaliza y donde los criminales veteranos establecen su reinado sobre todo lo que los rodea.
[8] N. del R.: Aquí se refiere a la anulación de un principio base del derecho penal, que es el que afirma que no hay delito ni pena sin ley y a lo que se refiere el principio del Derecho Romano: "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege". En forma personal creo que esta disposición tomada por el gobierno nacionalsocialista fue errónea y es inaplicable en tiempos modernos. A riesgo de ser considerado liberal, creo firmemente que para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta. A tal punto esto debe ser así, desde mi punto de vista, que una de las criticas mayores que considero aplicable a los “Juicios de Nüremberg” es justamente el haber creado delitos “ex post facto”. Creo que el Nacionalsocialismo en este punto se dejó llevar equivocadamente por el ímpetu revolucionario sin necesidad práctica alguna, ya que casi no hubieron juicios penales basados en esta ley o incluso en la aplicación de la analogía en el Derecho Penal.
[9] N. del R.: Este punto es fundamental y de aplicación actual El nacionalsocialismo ante la insolvencia del deudor limitó los remates de sus bienes. No lo hizo “protegiendo al incumplidor” como dicen enseguida los teóricos liberales del derecho que siempre terminan siendo los abogados de los acreedores. Lo hizo teniendo en cuenta que en muchas circunstancia no es ni justo ni conveniente llevar a un individuo a la ruina por las deudas contraídas. Esto se vio en la gran cantidad de desahucios que se dieron luego del crack de la burbuja inmobiliaria en el 2008 y de los miles de ejecuciones hipotecarias que llevó adelante la banca contra quienes no encontraron otra opción que el incumplimiento. 


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